Comprenda los mecanismos de resolución de disputas y el cumplimiento legal en Afganistán
Los tribunales laborales en Afganistán tienen jurisdicción sobre disputas que surgen de contratos laborales y violaciones de la legislación laboral. Estas incluyen despidos injustificados, disputas salariales, reclamaciones por discriminación, violaciones de seguridad en el lugar de trabajo y disputas de seguridad social.
La estructura de los tribunales laborales en Afganistán es la siguiente:
El proceso en los tribunales laborales implica:
El arbitraje es una alternativa al tribunal donde las partes involucradas en una disputa laboral pueden acordar resolver sus problemas a través del arbitraje, evitando los tribunales laborales tradicionales. La Ley Laboral de Afganistán proporciona un marco básico para el arbitraje en disputas laborales. Las partes necesitan un acuerdo escrito para proceder con el arbitraje, especificando el árbitro o el panel de arbitraje. Los laudos arbitrales son generalmente vinculantes y pueden ser ejecutados a través de los tribunales.
Los tribunales laborales y los paneles de arbitraje típicamente manejan casos como:
Es importante notar que el sistema de tribunales laborales y arbitraje puede estar sujeto a cambios en el contexto actual afgano. Obtener asesoramiento legal y representación en disputas laborales podría ser un desafío, especialmente en ciertas regiones. Los mecanismos tradicionales de resolución de disputas aún pueden desempeñar un papel significativo fuera del sistema judicial formal.
Las auditorías e inspecciones de cumplimiento en Afganistán son realizadas por varios organismos gubernamentales para garantizar la adherencia a las leyes laborales, regulaciones fiscales, estándares ambientales y normas específicas del sector.
Los denunciantes pueden potencialmente reportar violaciones a agencias gubernamentales o ministerios relevantes, como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para violaciones laborales, el Departamento de Ingresos de Afganistán para violaciones fiscales y la Agencia Nacional de Protección Ambiental para violaciones ambientales. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) podría servir como una vía para reportar violaciones más amplias de derechos humanos que pueden incluir abusos laborales. Las ONG u organizaciones internacionales que trabajan en temas de derechos humanos o laborales en Afganistán también pueden ofrecer mecanismos de denuncia.
La Ley de Protección de Denunciantes (2016) tiene como objetivo específico proporcionar protección a los denunciantes que reportan corrupción. Sin embargo, su implementación práctica y cumplimiento pueden ser débiles. La Ley Laboral de Afganistán contiene algunas disposiciones que podrían ofrecer un grado de protección contra represalias por reportar violaciones de derechos laborales.
A pesar de las disposiciones legales, la aplicación de las protecciones para denunciantes en Afganistán probablemente será muy limitada debido a varios factores, incluyendo la corrupción, la capacidad institucional limitada y la situación de seguridad. Los denunciantes podrían enfrentar graves riesgos de represalias, incluyendo amenazas, acoso, pérdida de empleo o incluso daño físico. La confianza pública en las instituciones gubernamentales podría ser baja, desalentando la denuncia de violaciones. Las normas sociales y las estructuras de poder pueden crear una cultura donde hablar en contra de las irregularidades sea desalentado o percibido negativamente.
Los denunciantes deben ejercer extrema precaución, sopesando los posibles beneficios de reportar contra los riesgos muy reales involucrados. Deben reunir documentación exhaustiva para respaldar cualquier acusación y explorar opciones para reportar de manera anónima si es posible, para minimizar el riesgo de represalias. También se recomienda conectarse con ONG o organizaciones de asistencia legal para obtener orientación y apoyo potencial antes de hacer un informe, si está disponible y es seguro hacerlo.
Afganistán ha ratificado varios convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (No. 29), el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (No. 87), el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (No. 98), el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (No. 100), el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (No. 105), el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (No. 111), el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (No. 138), y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (No. 182). Estos convenios cubren una amplia gama de derechos laborales, desde la prohibición del trabajo forzoso hasta la promoción de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
La Ley Laboral de Afganistán de 2007 fue diseñada para incorporar los principios consagrados en los convenios de la OIT ratificados. Sin embargo, a pesar del marco legal, existen brechas significativas entre la ley en papel y la aplicación práctica de las normas laborales. Los desafíos incluyen el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación de género en el lugar de trabajo y los mecanismos débiles de inspección y aplicación laboral.
El Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT monitorea el cumplimiento de Afganistán con los convenios que ha ratificado. El CEACR puede emitir observaciones o solicitar información adicional del gobierno afgano.
Se necesitan esfuerzos significativos para mejorar la aplicación de las leyes laborales y fortalecer la capacidad de los sistemas de inspección laboral. Abordar las causas fundamentales de las violaciones de los derechos laborales, como la pobreza, el conflicto y la discriminación, es crucial. Fortalecer la cooperación entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como la OIT es esencial para el progreso.
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