Descubra las responsabilidades fiscales de empleadores y empleados en Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Los empleadores suelen ser responsables de varias tareas relacionadas con los impuestos. Una de ellas es el sistema de Pay-As-You-Earn (PAYE), donde es probable que los empleadores sean responsables de deducir el impuesto sobre la renta de los salarios y sueldos de los empleados.
Bajo el sistema PAYE, los empleadores deducen el impuesto sobre la renta de los salarios y sueldos de los empleados. Este sistema es común en muchos países, y aunque los detalles pueden variar, el principio general sigue siendo el mismo.
Otra responsabilidad que puede recaer en los empleadores es contribuir a un esquema de seguridad social en nombre de sus empleados. Esto a menudo implica hacer pagos regulares a un fondo o programa diseñado para proporcionar apoyo financiero a los empleados en diversas circunstancias, como jubilación, discapacidad o desempleo.
Si su negocio es una entidad registrada, probablemente será responsable del impuesto sobre la renta corporativa sobre las ganancias. Este impuesto generalmente se aplica sobre el ingreso neto de la empresa y es una parte significativa de las responsabilidades fiscales de un empleador. Los detalles del impuesto sobre la renta corporativa pueden variar mucho dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza del negocio.
Las ganancias de los empleados suelen estar sujetas a ciertas deducciones. Dos de las deducciones más comunes son el impuesto sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social o pensiones.
La mayoría de los países tienen una forma de impuesto sobre la renta que se deduce de las ganancias de los empleados. La cantidad de impuesto sobre la renta deducida generalmente depende del nivel de ingresos del empleado, con niveles de ingresos más altos atrayendo tasas de impuestos más altas.
Las deducciones de los empleados para financiar esquemas de seguridad social o pensiones también son comunes. Estas deducciones suelen ser un porcentaje de las ganancias del empleado y se utilizan para proporcionar ingresos al empleado al jubilarse. El porcentaje exacto deducido puede variar dependiendo del esquema específico de seguridad social o pensión en vigor.
Para obtener información precisa y actualizada sobre las deducciones fiscales de los empleados, la mejor fuente suele ser la oficina de impuestos del gobierno local. Ellos pueden proporcionar información detallada sobre las regulaciones fiscales específicas en vigor, incluyendo las tasas de impuesto sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social o pensiones.
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña actualmente no tienen un sistema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en vigor. El gobierno principalmente recauda ingresos a través de otras formas de impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta, aranceles de importación y derechos de consumo. Un sistema de IVA puede ser complejo de administrar, especialmente para territorios pequeños con recursos limitados. Además, la introducción de un IVA podría aumentar el costo de bienes y servicios para los consumidores y potencialmente impactar a las empresas.
Si estos territorios consideran implementar un sistema de IVA, hay varios factores clave a examinar:
Para información autorizada, se pueden consultar los informes del Gobierno de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, y los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre estos territorios.
Para fomentar las exportaciones, a las empresas dedicadas a la exportación de bienes y servicios se les ofrece una tasa reducida del impuesto corporativo del 15%, en lugar del 25% estándar. Este incentivo también se extiende a las empresas que producen bienes considerados sustitutos clave de importaciones.
Los trabajadores autónomos dedicados a las mismas actividades de exportación y sustitución de importaciones calificadas disfrutan de una reducción del 5% en las tasas de Impuestos para Trabajadores Autónomos.
Estos incentivos fiscales para las tasas reducidas de Impuestos Corporativos y para Trabajadores Autónomos están actualmente en vigor desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2024.
El gobierno puede identificar periódicamente sectores prioritarios específicos para incentivos adicionales dirigidos. Las empresas deben cumplir con requisitos específicos para calificar para estos incentivos fiscales.
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